La reforma de la tarifa regulada de la electricidad –el llamado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC)– afectará a un 30% de las pequeñas y medianas empresas españolas. Casi 40.000 negocios acogidos a esta modalidad tendrán que cambiar sus contratos de la luz el próximo mes de enero.
La nueva regulación, que entrará en vigor el 1 de enero de 2024, obliga a las pymes que emplean entre 10 y 249 personas (aquellas que no se incluyen en la categoría de microempresas) a buscar una comercializadora del mercado libre.
Aproximadamente un 10% de los puntos de suministro (CUPS) del mercado regulado son empresas, cerca de 920.000. Asimismo, en España más del 4% de las empresas ocupan entre 10 y 249 personas, entorno a 143.000.
Si extrapolamos los cálculos del Ministerio de Transición Ecológica, donde se asume que la estructura empresarial a nivel macro se replica en el segmento de empresas con potencia igual o inferior a 10 kWh, se puede aproximar que cerca de 40.000 pequeñas y medianas empresas, que ya no cumplirían con los requerimientos del PVPC, están actualmente en esta modalidad contractual.
Además de las pequeñas y medianas empresas, aquellas comunidades de vecinos que no corroboren que el suministro eléctrico se utilizará para elementos comunes también deberán cambiar sus contratos.
Con el fin de evitar una avalancha de cambios de suministrador eléctrico en enero, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ha aclarado que se podrá hacer el traslado de compañía cuando finalicen los contratos en vigor.
Eso sí, una vez concluida su vigencia, deberán contratar el suministro con una comercializadora del mercado libre o, de lo contrario, se aplicará el PVPC más una penalización de un 20% con respecto a ese precio.
¿Cómo será el nuevo PVPC?
El alza de precios de la electricidad y su volatilidad tuvieron el año pasado un impacto directo en los consumidores acogidos al PVPC. Esto respondía a que la metodología para establecer el coste de la energía empleaba exclusivamente el precio del mercado diario e intradiario en cada hora.
De este modo, la variación de los precios en este mercado está determinada por los precios horarios, los cuales se basan en la inclusión de todas las tecnologías de generación de electricidad requeridas para satisfacer la demanda. Estas tecnologías se organizan en orden ascendente, desde la más económica hasta la más costosa. La tecnología más cara, como el gas o la hidráulica (influenciada por los precios de producción del gas), es el factor determinante que establece el precio para las demás tecnologías.
La nueva tarifa reformula este cálculo, con la incorporación de los precios de los mercados a largo y a medio plazo, además de mantener en cuenta la referencia de lo que ocurre en el pool diario.
La representatividad de la señal a plazo se incrementará de manera gradual hasta 2025. El peso de la señal a plazo supondrá un 25% el primer año e irá incrementando hasta alcanzar un 55% en el año 2025, dejando el 45% restante para la señal diaria e intradiaria.
A su vez, para la señal del precio a plazo, el producto mensual supondrá un 10% del total, el producto trimestral un 36%; y el producto anual un 54%. Según Transición Ecológica, el mayor peso de la media anual permitirá dar estabilidad al precio resultante y suavizar las oscilaciones.
Cambios de comercializadora
ACER, el organismo supervisor europeo, recogía en su balance 2022 que España es uno de los países de Europa en los que se registra un mayor número de cambios de suministrador de electricidad.
Según ACER, el año pasado se produjo un incremento en los cambios de comercializadora debido a la existencia de un precio regulado de la electricidad, indexado a los precios del mercado spot, superior a las ofertas de precio fijo.
El regulador europeo también achacó este aumento de cambios de comercializadora a que los proveedores independientes sin cobertura no podían ofrecer precios tan competitivos como los proveedores con cobertura o integrados verticalmente (involucrados en diferentes etapas de la cadena de suministro, como generación y distribución).
Del mismo modo, el informe reveló que los niveles declarados de pobreza energética en España son los más bajos del continente, con aproximadamente el 5% de los hogares en esta situación. Según detalló el regulador europeo, la proporción de hogares pobres en energía varió significativamente el año pasado en los distintos Estados miembros, aunque los datos no están ampliamente disponibles.
