Colombia – El Gobierno de Colombia y la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN) firmaron este sábado (08.10.2022) un acuerdo marco para la compraventa de tres millones de hectáreas que serán destinadas a la reforma agraria anunciada el pasado mes de septiembre.
El acuerdo, considerado «histórico» por el Gobierno, fue firmado por los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, del Interior y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y por el presidente de FEDEGAN, José Félix Lafaurie, en un acto en el que participó el presidente colombiano, Gustavo Petro.
Los ganaderos son de los mayores propietarios de grandes extensiones de tierra en Colombia y, de acuerdo con Lafaurie, FEDEGAN siempre ha rechazado «la expropiación sumaria, pero nunca hemos estado en contra del derecho del campesino a la tierra, acompañada de las condiciones que la hacen realmente productiva».
Según el Gobierno, el acuerdo establece que los tres millones de hectáreas «deben ser acreditadas como propiedad privada conforme a la ley, no tener ningún proceso agrario en curso ni medidas de protección y cumplir con las disposiciones ambientales y agrarias y las condiciones ecológicas».
Las tierras serán vendidas de forma voluntaria por quienes las posean, que se comprometen a hacerlo por el valor comercial y el pago se efectuará con bonos de deuda pública o cualquier otra forma a determinar por el Ejecutivo.
Petro celebró en redes sociales, compartiendo imágenes del momento de la firma, lo que consideró como un acuerdo que «hará historia».
Esta foto en mi opinión hará historia.
Es el pacto entre Fedegan y el gobierno del cambio. Garantizar tres millones de hectáreas que se comprarán, de máxima fertilidad con destino al campesinado.
El pacto social y la paz son posibles. pic.twitter.com/JlJNrH8WxG
— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 8, 2022
La reforma agraria del Gobierno ya arrancó con una primera fase que irá hasta el 15 de noviembre y en la que se entregarán títulos de propiedad a 12.600 familias en 19 de los 32 departamentos del país, según el Ejecutivo.
Una segunda fase será el arrendamiento a organizaciones campesinas de 125.000 hectáreas confiscadas a narcotraficantes, y la tercera consistirá en la compra de 5 millones de hectáreas a sus actuales dueños para luego venderlas a menor precio a personas que se dediquen a la agricultura o a las pequeñas y medianas empresas.
