La opositora venezolana Delsa Solórzano calificó de inaceptable la “persecución” contra los sacerdotes católicos de Nicaragua tras la detención del obispo Rolando Álvarez.
“La dictadura nicaragüense arremete contra todo tipo de libertad, hoy le ha tocado el turno a la Iglesia católica. La inaceptable persecución contra los sacerdotes debe alarmar al mundo. ¡Basta de silencio cómplice frente a la violación de DDHH!», escribió la exdiputada en su cuenta de Twitter.
La Policía de Nicaragua ingresó a la fuerza al Palacio Episcopal de la Diócesis de Matagalpa (norte) y arrestó a Álvarez, así como a 7 de sus colaboradores, quienes se encontraban recluidos y retenidos desde el 4 de agosto pasado.
Álvarez, de 55 años, obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, es acusado por la Policía Nacional de intentar “organizar grupos violentos”, supuestamente “con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales”, aunque de momento no han ofrecido pruebas.
Miembros de organizaciones opositoras dentro de Nicaragua y en el exilio pidieron a la comunidad internacional, incluyendo al Papa Francisco, que intercedan por el obispo Álvarez.
“Instamos a la comunidad internacional a usar todos sus medios diplomáticos para lograr el cese de la represión a la Iglesia católica, la garantía del respeto a la libertad religiosa y el retorno a la democracia en Nicaragua”, indicaron los activistas nicaragüenses en un pronunciamiento firmado por Acción Penal y la Articulación de Movimientos Sociales, entre otras organizaciones.
La Policía de Nicaragua confirmó que el obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, ambas en el norte del país, está bajo régimen de “casa por cárcel” en Managua, tras haber sido sustraído del Palacio Episcopal en contra de su voluntad, tras 15 días de haberlo retenido en su interior, junto con otros 5 sacerdotes y 3 seminaristas.
En 2022 la Iglesia católica en Nicaragua ha sufrido encarcelamientos o retenciones de sacerdotes, la cancelación de 8 radioemisoras y 3 canales católicos, el ingreso por la fuerza y allanamiento a una parroquia, y la expulsión de las misioneras de la Orden Madre Teresa de Calcuta.
Con información e imagen de EFE