La presidenta interina de Perú, Dina Boluarte, llegó este martes a la Fiscalía para declarar como parte de la investigación por las decenas de muertes en choques con los agentes de seguridad durante las violentas protestas contra su gobierno.
La mandataria, que según la prensa local llegó en el coche oficial a la sede de la institución en el distrito limeño de Surquillo poco antes de las 09H00 locales, había sido inicialmente convocada para el 31 de mayo, en medio de los crecientes señalamientos en contra de su Gobierno por los trágicos hechos, pero su declaración fue aplazada una semana, a pedido de su defensa, por una cuestión de agenda.
«Quiero saber la verdad»
«Voy a acudir al Ministerio Público, voy a responder todas las preguntas, no me voy a acoger al derecho a quedarme en silencio porque creo que la primera persona que quiere saber la verdad de qué pasó con los fallecidos en esas protestas violentas es Dina Boluarte», afirmó Boluarte recientemente, en una rueda de prensa.
La Fiscalía trata de determinar si Boluarte es responsable de la desproporcionada represión del estado en las manifestaciones ocurridas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, que provocó la muerte de al menos 67 personas, de los cuales 49 eran civiles que chocaron con los agentes.
Miles de personas salieron a las calles indignadas tras la destitución y el encarcelamiento del entonces mandatario izquierdista Pedro Castillo, que ocurrió en diciembre del año pasado.
Entre sus reclamos figuraban la vuelta de Castillo, la renuncia de la presidenta interina, la disolución del Congreso y la convocatoria a una asamblea constituyente y unas nuevas elecciones.
La represión estatal, a manos de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas, ha quedado confirmada en múltiples informes e investigaciones, entre las que destaca la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que incluso plantea la teoría de «ejecuciones extrajudiciales».
Los manifestantes siguieron ejecutando y planeando nuevas convocatorias contra el gobierno, pese al polémico fallo emitido por el Tribunal Supremo del Perú, que determinó que la protesta ciudadana es un delito aunque sea pacífica, al no estar reconocida en la Constitución ni en ninguna otra normativa legal.
Acusación de genocidio
Boluarte forma parte de una investigación preliminar que lanzó el Ministerio Público por el presunto delito de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.
Una acusación que fue rechazada por su abogado, Joseph Campos.
«No tiene sentido la participación de la presidenta por genocidio», declaró Campos entrevistado por la emisora local Exitosa. «De ninguna manera hay genocidio y la responsabilidad política no existe porque las instrucciones fueron específicas y desarrolladas de acuerdo a ley», dijo.
Campos calificó de «absolutamente incorrecta» la incorporación de la mandataria al caso, e indicó que «es algo inédito, no existe un precedente».
Boluarte niega responsabilidades
La mandataria ha denegado toda participación en estos hechos. «Yo puedo ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tengo comando, los protocolos los deciden ellos», aseveró Boluarte en una entrevista a principios de mayo al medio local El Comercio.
La semana pasada, documentos reservados divulgados por el semanario Hildebrandt en sus trece, revelaron que la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú (PNP) habría emitido órdenes de operaciones para reprimir protestas, que incluyeron la denominación de «bandos de combate».
En varias ocasiones la Administración de Boluarte aseveró que las movilizaciones estaban impulsadas por el terrorismo, pero no presentó ninguna prueba, como admitió la canciller Ana Cecilia Gervasi en una entrevista con el diario estadounidense The New York Times, en febrero pasado.
