INFOBAE – En una audiencia llevada a cabo el pasado viernes, la fiscal Gabriela Fossati consiguió que se extendiera hasta marzo de 2023 la prisión preventiva para Alejandro Astesiano, el ex custodio de Luis Lacalle Pou, y dos integrantes de la red de falsificación: el ruso Alexey Slivaev y el escribano uruguayo Álvaro Fernández.
Fossati aprovechó la instancia para comunicar la situación de la investigación y declaró que, a partir de la información recuperada del celular de Astesiano, se pudo identificar a “dos funcionarios del Ministerio del Interior, los dos con cargo jerárquico, uno con cargo muy jerárquico”, entre otras personas de distintos organismos del estado aparentemente vinculadas a la red.
Según publicó El Observador, uno de ellos es el subdirector de la Policía Nacional, Héctor Ferrerira, quien se habría presentado en Fiscalía junto al otro indagado.
Fossati dijo que ambos fueron imputados y citados a declarar en Fiscalía: “Se les dieron todas las garantías en su calidad de imputados, han preferido no declarar y por ello se están pidiendo diligencias adicionales y se pidieron informes al Ministerio del Interior”.
Antes de ser detenido, Astesiano borró la información que había en su celular. Según la fiscal, eso fue porque estaba al tanto de la investigación y de su pronta detención. Luego de un arduo trabajo, Policía Científica consiguió recuperar menos del 2% de la información contenida en su celular y en ella se llegó a una serie de “favores” que Astesiano pidió a jerarcas policiales. Lo que estudia Fiscalía es si en esos pedidos hubo algún delito: “Tienen todos los visos de ser ilícitos”, dijo Fossati.
“Estamos hablando de una solicitud de recursos públicos hecha en forma directa y por una vía telefónica que tiene una apariencia claramente delictiva”, señaló la fiscal. Según publicó El Observador, Astesiano pidió que se le perdone una multa de USD 3.600 de su empresa privada y solicitó una reunión con el director general de Fiscalización de Empresas. Además, gestionó un cupo para la Escuela de Policía para una persona que no cumplía con los requisitos necesarios. “Si se comprueba que se hizo la gestión, claramente ha habido un tráfico de influencias a una persona que no correspondía”, añadió Fossati.
En ese sentido, Fiscalía realizó diligencias al Ministerio de Interior para saber si los jerarcas podían recibir y cumplir pedidos de este tipo.
La defensa de los dos imputados solicitó tener acceso a la carpeta fiscal, pero la respuesta de Fiscalía fue decir que era demasiado grande para poder guardar en el disco duro que entregaron (128 GB). Por ese motivo, compraron uno de mayor capacidad (2 Tb), pero Fiscalía respondió que “el archivo era muy pesado y que tenían que consultar con el área de informática”, según expresó a El País uno de los abogados defensores, Carlos Bustamante Barrios.
El artículo 64 del código del proceso penal establece como un derecho del imputado “conocer el contenido de la investigación, salvo en los casos en que alguna parte de ella hubiere sido declarada reservada y solo por el tiempo que dure esa reserva, de acuerdo con las normas que regulen la indagatoria preliminar”.
En consecuencia y dado que se les negó ese derecho, los imputados decidieron no declarar.
