Los peritos del Banco de España designados por la Audiencia Nacional para el ‘caso Popular’, que se investiga desde 2017, han aportado su último informe pericial, pero poniendo ciertos reparos a las peticiones del juez instructor. En su análisis, una segunda ampliación a un informe que entregaron en diciembre de 2021, han matizado sus conclusiones sobre las provisiones que debió reflejar la entidad bancaria resuelta hace casi seis años, si bien han asegurado que no hay “soporte regulatorio” para corregir las cuentas anuales de 2015 y 2016 conforme a los resultados de las inspecciones in situ del Banco Central Europeo (BCE) .
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama requirió el pasado noviembre a los peritos del Banco de España una segunda ampliación de su informe, después de que, en su comparecencia judicial para ratificar sus conclusiones, no dieran respuesta a una serie de cuestiones. En un primer informe, los funcionarios del órgano supervisor apreciaron que la entidad extinta tenía un déficit por valor de 135 millones de euros en 2015. En su segundo análisis, los expertos cambiaron su conclusión y señalaron que el banco debió reflejar pérdidas de más de 1.000 millones de euros, en vez de un beneficio de 105 millones de euros.
Esta segunda pericial se presentó en septiembre de 2022, a petición del titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, después de que el inspector del BCE Jesús Fernando Martínez Usano señalara en sede judicial que su equipo detectó un déficit de provisiones entre 1.153 y 1.355 millones de euros.
Tras la última declaración de los peritos del Banco de España para explicar sus conclusiones, el magistrado instructor solicitó un tercer informe en el que se aclarara el impacto que habría tenido en las cuentas de los ejercicios 2015 y 2016 el déficit de provisiones. Asimismo, instó a realizar una “simulación”.
Impacto de 72 millones
En el informe con fecha del pasado 14 de marzo, al que ha tenido acceso CincoDías, los peritos Teodoro Fernández Hernández y Álvaro López González explican que en el ejercicio de 2015 se observaron déficits en 71 inmuebles de los 99 activos adjudicados. Asimismo, indican que el Banco Popular utilizó “tasaciones no admisibles sin tasación alternativa” como base de referencia en la contabilización de los adjudicados a diciembre de 2015, si bien, añaden que “no es posible estimar el déficit de valoración” en estos casos, lo que no implica que “no estuvieran sobrevalorados”.
Los peritos, que insisten en que la calidad de los datos facilitados para realizar la pericial es “deficiente” y que contiene “incoherencias”, han examinado el traslado de activos adjudicados de junio de 2017 a diciembre de 2015, no obstante concluyen que desde la perspectiva contable no es posible hacer una simulación, pues en su opinión, “no tiene soporte regulatorio y por tanto no deduciría su importe en provisiones”. Así, señalan que la diferencia entre la valoración hecha por el BCE y los resultados reflejados en su pericial es simplemente “una suposición que el activo adjudicado se encontraba sobrevalorado a diciembre de 2015, pero desde una perspectiva contable este dato no es admisible como déficit de provisiones”.
Con estas salvedades hechas, los técnicos responde a la petición del juez e indican que el impacto en la cuenta anual de pérdidas y ganancias del Banco Popular en el año 2015 es por un importe mínimo de 72 millones de euros, sin tener en cuenta el efecto fiscal; pero recalcan la falta de apoyo normativo para realizar la simulación solicitada y que “no cabe la exigencia de una corrección en la cuenta anual”.
Solo dos activos sin déficits
En cuanto al ejercicio del año 2016, en el que también se tiene en cuenta el traslado de activos de 2017 al año anterior, el informe ampliatorio afirma que solo en dos inmuebles en una muestra de 100 activos adjudicados analizados no se detectaron déficits de provisiones. La situación es similar a la de 2015, pues la entidad resuelta en junio de 2017 también utilizó tasaciones no admisibles como base de referencia en la contabilización de los adjudicados, como ocurrió en 88 casos y en 24 de ellos no hay una tasación alternativa.
A 31 de diciembre de 2016, el impacto de provisiones, según el Banco de España, ascendería a un mínimo de 155,4 millones de euros y advierte que el importe del déficit podría ser mayor por la disminución del valor de los inmuebles adjudicados, debido a la falta de tasación de una veintena de inmuebles.
Aun así, la conclusión es la misma que para el ejercicio anterior: no existe soporte regulatorio y no se puede hacer una corrección en la cuenta anual de pérdidas y ganancias.
