«Entendemos que las causas que motivaron la convocatoria del 15-N siguen vigentes. Es nuestro deber ciudadano seguir levantando la voz contra la injusticia». Archipiélago, grupo de acción ciudadana que encabeza el dramaturgo Yunior García Aguilera, no se rinde, pese a la «campaña de terror» emprendida por el régimen cubano contra sus integrantes, contra disidentes de la sociedad civil y contra los familiares de los cientos de presos políticos.
Los jóvenes rebeldes sufrieron el lunes toda la fuerza de la bota militar y policial, pero eso no les arredra. El sabor agridulce de una jornada en la que la represión castrista abortó las marchas convocadas, pero en la que pudieron dar a conocer al mundo sus reclamos, dio paso a una determinación: extender la jornada cívica hasta el 27, cuando se cumple un año de la simbólica protesta frente al Ministerio de Cultura en La Habana.
«Los objetivos de la manifestación se han cumplido. No pudo ser en su forma tradicional y conservadora, pero sí fue a modo de revolución silenciosa, donde cada cual develó el velo del totalitarismo, que se cree dueño de nuestras vidas, de nuestros espacios y libertades», reflexionó el historiador Leonardo Fernández Otaño, una de las cabezas visibles de Archipiélago dentro de la isla.
Los miembros de la plataforma exigen la libertad de los presos políticos, el cese de los actos de repudio y de la violencia política, el respeto a la libertad de expresión, de reunión y de manifestación y el inicio de un «proceso transparente de resolución de nuestras diferencias a través de vías democráticas y pacíficas». Para ello mantendrán su desafío «en blanco», con ropas, sábanas y flores del color que representa la paz, además de cacerolazos a las nueve de la noche y de toda iniciativa individual («como llevar una flor a un mártir») que no represente riesgos para la seguridad.
«Tenemos que seguir porque siempre tuvimos claro que el 15-N no era un punto de llegada a la democracia, sino un punto de partida más, como antes lo fue el 27-N», subrayó Fernández Otaño.
Durante días, y pese a la depresión económica que azota a los cubanos, la revolución no dudó en malgastar todo lo necesario para convertir a Cuba en una cárcel gigantesca, en la que se detenía, amenazaba, insultaba, hostigaba y perseguía a todos los sospechosos de protestar contra el gobierno. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha documentos 300 acciones represivas, entre las que destacan las retenciones domiciliarias con vigilancia policial (104), citaciones policiales para amedrentar, actos de repudio y cortes de internet y de teléfono.
Al menos 30 personas permanecen detenidas, como Daniela Roja, moderadora de Archipiélago, y la historiadora del arte Carolina Barrero, que posee la doble nacionalidad hispanocubana.
«¡Cómo tiene dinero la dictadura para reprimir! ¿Cuántas casas se podrían hacer a indigentes con todos esos recursos que se utilizan para generar odio?», se interrogó la economista Martha Beatriz Roque, la única mujer presa política durante la Primavera Negra de Fidel Castro.