El Salvador – El rostro de Martha Carolina Recinos de Bernal aparece en una presentación que preparó la fiscalía general de El Salvador en 2021 para resumir una investigación por crimen organizado que involucra a varios funcionarios del gobierno y que arrancó en 2020, poco después de la llegada del presidente Nayib Bukele a la presidencia. Ella es, según los fiscales, parte de un “centro de poder” que tiene “injerencia en la toma de decisiones del gobierno” con una finalidad de “acumulación de poder”.
La fiscalía salvadoreña abrió esa investigación poco después del cierre del país por la pandemia de Covid-19, con ayuda de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), y posteriormente con la del gobierno de los Estados Unidos a través de la llamada Fuerza de Tarea Vulcano, formada por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI en inglés), del Departamento del Tesoro y de la Agencia de Control Antidrogas (DEA en inglés). Lo que descubrieron, según los informes en los que aparece el nombre de Recinos de Bernal y de los que Infobae tiene copia, es que la Casa Presidencial de Bukele dirige una empresa criminal.
Recinos de Bernal es, desde el 1 de junio de 2019, la comisionada presidencial para operaciones y gabinete de gobierno, que es lo equivalente a la jefa de gabinete de Nayib Bukele. Es, en una palabra, una de las mujeres más poderosas del bukelismo. Ella y Sara Hannah Georges, una asesora venezolana cercana a Karim Bukele, hermano del presidente, son en la práctica los nexos entre todas las secretarías, ministerios y oficinas de gobierno con la casa presidencial. Todos, Bernal, Hannah Georges y Karim Bukele, aparecen en las investigaciones de la fiscalía general (FGR).
De acuerdo con el informe de la FGR, Karim Bukele y sus hermanos, Ibrajim y Yusef, están a la cabeza del “centro de poder”, del que emanan todas las directrices hacia los funcionarios y asesores de Nayib Bukele, e inmediatamente debajo de ellos, en la línea de mando, están Recinos de Bernal y Hannah Georges. El fin último de ese centro de poder y de las instrucciones que de él surgen, dicen los fiscales, es “cometer delitos dolosos… como un instrumento para acumular poder y obtener lucro”.
El prontuario criminal de esta estructura, de acuerdo con las pesquisas de investigadores salvadoreños y estadounidenses, incluye el uso de recursos y fondos públicos para mantener un pacto de gobernabilidad con las pandillas MS13 y Barrio 18, el desvío de dinero del Estado destinado a atender la emergencia por Covid-19 con fines político-electorales y la creación de plazas fantasma en el sistema carcelario salvadoreño para obtener dinero de forma ilegal, entre otros.
A todo eso, en el caso de Carolina Recinos de Bernal, se suman otras acusaciones. La más reciente, según reportó la periodista salvadoreña Loida Martínez, es que la jefa de gabinete usó su influencia para que una oficina de becas del gobierno diera 25.000 dólares a su nuera, Karen Alvarenga de Bernal, para mandarla a estudiar a Rusia.
La relación de Recinos de Bernal con la Federación Rusa de Vladimir Putin viene de antes: su esposo, Arnoldo Bernal, un viejo dirigente de la izquierda salvadoreña, fue embajador de El Salvador en Moscú durante el gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y los primeros años de la administración Bukele.
Como jefa de gabinete, Recinos de Bernal instruyó a un organismo llamado FANTEL, encargado de otorgar becas de estudio con dineros públicos, para cambiar sus reglas internas y, así, abrir un camino para otorgar esos fondos a su familiar. Ese tipo de acciones, dictar políticas públicas con fines de lucro, es por lo que los fiscales salvadoreños y agentes extranjeros investigaron a Recinos como parte de las actividades criminales del clan Bukele.
La nuera no es la única familiar de Carolina Recinos que se ha beneficiado de fondos públicos. En febrero de 2020, Susana Elizabeth Recinos Montes, hermana de la comisionada presidencial, obtuvo un crédito por poco más de US$22,000 del Banco de Desarrollo Social, financiado con dineros del Estado, a pesar de que su junta directiva advirtió del evidente conflicto de interés, según reportó El Faro. Además, dice un investigador salvadoreño familiarizado con el caso abierto a los funcionarios de Bukele, los padres de Recinos de Bernal también obtuvieron préstamos por decenas de miles de dólares procedentes de fondos del petróleo venezolano a través de cajas de crédito y empresas de economías mixtas, alimentadas con dinero privado y público.
Infobae ha intentado en varias ocasiones contactar a Carolina Recinos para discutir hallazgos sobre su participación en estos esquemas, pero nunca ha habido respuesta.
Beneficiaria del petróleo venezolano
Carolina Recinos empezó a ser visible en la política salvadoreña como funcionaria en la alcaldía de San Salvador, la capital, durante la gestión del alcalde Carlos Rivas Zamora (2003-2006), quien gobernó como parte de una coalición liderada por el FMLN. En esa administración, Recinos de Bernal desempeñó, en pequeño, el mismo rol que tiene ahora en el gobierno Bukele: fue la mano derecha del poder principal de la ciudad y por su escritorio pasaban varias de las decisiones administrativas más importantes.
Fue en aquellos años que la mujer trabó relación con Enrique Rais, un empresario que era propietario del negocio de tratamiento de desechos sólidos y quien es prófugo de la justicia salvadoreña por delitos de corrupción. Rais movía millones de dólares en contratos por disposición de basura procedentes de la alcaldía capitalina y de otras del San Salvador metropolitano. Al salir del ayuntamiento, de acuerdo con uno de sus excolaboradores, quien habló con Infobae desde el anonimato por razones de seguridad, Recinos de Bernal siguió trabajando para Rais, sobre todo para afianzar la continuación de los contratos relacionados con la basura.
A principios de la década pasada, Recinos de Bernal saltó al círculo de confianza de Nayib Bukele, entonces un joven político que, en 2012, fue electo alcalde de Nuevo Cuscatlán, un pequeño municipio aledaño a San Salvador, desde el que empezó a crear su plataforma para lanzarse al tablado de la política nacional.
A Nuevo Cuscatlán, Carolina Recinos llevó su experiencia política y algo que resultaría muy valioso para la carrera política de Bukele: el esquema de financiamiento con dinero proveniente del petróleo venezolano y administrado en El Salvador a través del conglomerado empresarial conocido como Alba Petróleos (AP).
Mientras trabajó con Bukele en Nuevo Cuscatlán, Recinos de Bernal estuvo al frente de algunas compañías vinculadas a AP, desde las cuales se canalizó dinero venezolano hacia la carrera política de Bukele. Ella fue, por ejemplo, representante legal de Starlight, una empresa de comunicaciones que recibió préstamos de Alba Petróleos para, entre otras cosas, financiar una operación mediática que sirvió de plataforma al joven alcalde.
En total, Bukele recibió, a título personal, US$1.9 millones de Alba Petróleos, mientras empresas como Starlight y otras relacionadas con Recinos y otros funcionarios cercanos al actual presidente canalizaron al menos US$15 millones de ese dinero, según consta en documentos internos que fueron decomisados por fiscales salvadoreños en mayo de 2019 en varias empresas relacionadas con el conglomerado.
Tres gobiernos distintos abrieron investigaciones por la posibilidad de que, a través de las compañías de AP, actores políticos como Bukele y Recinos estuvieran lavando millones de dólares. Una investigación independiente elaborada para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos fijó en cerca mil millones de dólares el dinero blanqueado con este esquema, y una auditoría interna del FMLN, el partido político salvadoreño que estuvo a la cabeza de la gestión de los fondos públicos provenientes del petróleo venezolano, cifró en unos US$600 millones el lavado.
En El Salvador, Nayib Bukele y Carolina Recinos, junto a los otros miembros del “centro de poder”, lograron detener esta y otras investigaciones que estaban llegando muy cerca de los hombres y mujeres del presidente; lo hicieron tomándose la fiscalía general y la corte suprema de justicia.
Investigaciones a la base de sanciones estadounidenses
La lucha contra la corrupción de gobiernos pasados fue una de las principales promesas de campaña de Nayib Bukele en su lucha por la presidencia de El Salvador. Fue como parte de esa narrativa que Bukele vendió la idea de un ente supranacional de apoyo a la fiscalía local para investigar casos de cuello blanco, similar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que había ayudado a llevar a políticos y empresarios poderosos a los tribunales y a propiciar una reforma legal que facilitara ese empeño.
A diferencia de CICIG, cuyo principal apoyo político fue la ONU, a la CICIES la apoyó la Organización de Estados Americanos (OEA) porque, se sabría luego, la segunda ofrecía un modelo más limitado y menos independiente. Aun así, Bukele se deshizo sin mucho aspaviento de la comisión cuando sus investigaciones le llegaron muy cerca, según admitió la misma OEA.
En noviembre de 2020, la fiscalía salvadoreña, entonces liderada por el fiscal Raúl Melara, accionó en contra de ministerios y funcionarios de Bukele por sospechas de que habían hecho mal uso de fondos destinados a la atención de la pandemia. Esas investigaciones se basaron en buena medida, según admitió luego Melara, en el trabajo de CICIES. En junio de 2021, cuando las investigaciones iban ya avanzadas, Bukele rompió el convenio con la OEA e hizo desaparecer a la CICIES.
Las agencias estadounidenses coordinadas por la Fuerza de Tarea Vulcano retomaron las investigaciones y las continuaron por su cuenta. Carolina Recinos de Bernal no encontró, en Estados Unidos, la misma protección de la que goza en El Salvador.
En mayo de 2021, antes de la salida de CICIES, el Departamento de Estado, basado en parte en los elementos a los que sus agentes ya habían tenido acceso, nombró a Recinos de Bernal como funcionaria antidemocrática y corrupta en la llamada Lista Engel, el mecanismo administrativo que permite al gobierno de Estados Unidos prohibir a funcionarios extranjeros la entrada a la Unión Americana.
Luego, en diciembre de 2021, el Departamento del Tesoro sancionó a la jefa de gabinete. En su argumentación, el Tesoro aseguró que Recinos de Bernal es parte de “un esquema de corrupción multimillonaria en múltiples ministerios”, utilizando el mismo lenguaje con el que la fiscalía salvadoreña definió la estructura criminal enquistada en el gobierno salvadoreño.
La sanción a Recinos llegó horas después de que el Tesoro hizo públicas otras dos sanciones a funcionarios salvadoreños que, según Estados Unidos, están implicados en el pacto de Nayib Bukele con las pandillas MS13 y Barrio 18. En total, Washington ha mencionado o sancionado, además de a la jefa de gabinete, a dos secretarios de la presidencia, dos ministros, un viceministro, entre otros. La mayoría de esos nombres aparecen en los informes de la fiscalía salvadoreña y en las investigaciones estadounidenses, sin embargo, las sanciones impuestas por la administración Biden no redundaron en renuncia o destitución alguna.
En mayo de 2021, cuando ganó supermayoría en el Legislativo, Bukele destituyó al fiscal general que había iniciado las investigaciones contra sus funcionarios y puso a un abogado dócil al frente del Ministerio Público. A partir de entonces, todos los expedientes que nombraban a los cercanos al presidente desaparecieron.
A pesar de todo, Marta Carolina Recinos de Bernal, la mujer fuerte del gabinete de Nayib Bukele señalada de coordinar un esquema criminal y de corrupción desde casa Presidencial, sigue tranquila en su puesto, mandando y dando becas a su familia.
