Los ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin) retomarán el próximo martes el diálogo sobre la reforma de las reglas fiscales. Un debate en el que se abre la puerta a que los planes de ajuste fiscal de cada país de la UE puedan ser revisados tras unas elecciones y con cada nuevo Gobierno, según el borrador de conclusiones del Ecofin del próximo martes al que ha tenido acceso elEconomista.es.
Es así que los Veintisiete plantean que «todos los planes podrían ajustarse, previa solicitud, a los ciclos electorales nacionales, revisarse con el acceso de nuevos gobiernos y actualizarse en circunstancias objetivas, manteniendo al mismo tiempo la ambición de ajuste fiscal».
La idea, al fin y al cabo, es «permitir que cada proceso democrático de los Estados miembro configure sus políticas económicas», establece el documento. Por lo que el debate contempla que cada gobierno pueda renegociar la reducción de deuda al llegar al poder y tras una cita en las urnas.
Se trata, todavía, de un primer punto de partida, elaborado por expertos de los Estados miembro, que se será discutido el miércoles a nivel de embajadores. Un documento para el que no se prevén cambios de cara al debate que mantendrán los ministros de Economía y Finanzas de la UE el próximo martes y que perfilará la propuesta legislativa que la Comisión Europea presentará en abril.
Una fórmula común a petición de Países Bajos y Alemania
El borrador plantea, además, aplicar una metodología común para establecer la senda de ajuste fiscal de todos los países para lograr una mayor transparencia y un trato igualitario, tal y como han venido demandando insistentemente Países Bajos y Alemania.
El documento de trabajo de los Veintisiete apunta que los planes nacionales y sus actualizaciones deben ser evaluados por la Comisión «con total transparencia» y deben apoyarse en «principios comunes de evaluación».
Los Veintisiete confluyen, en este documento, en que la trayectoria establecida por la Comisión deberá basarse en «una metodología común», que deberá ser acordada con los países de la UE, de manera que sea «replicable, predecible y transparente». Esta trayectoria debe incluir «un análisis de la deuda pública y los retos económicos».
De cara a asegurar que el esfuerzo fiscal se encamina a reducir la deuda y mantenerla en niveles prudentes, preservando la sostenibilidad de las finanzas públicas. Los Veintisiete instan a explorar salvaguardias para asegurar una reducción de la deuda «suficiente» y evitar «la sobrecarga de esfuerzos fiscales».
Con tales condiciones, el acuerdo daría respuesta a los requerimientos de Alemania y Países Bajos. Alemania ha criticado que la posibilidad de realizar negociaciones bilaterales entre la Comisión Europea y cada uno de los países, podría derivar en normas a medida que propiciarán que no todos los países sean iguales. Así, igual que Países Bajos, ha abogado por normas claras, con referencias numéricas y puntos de referencia, aplicables a todos los países para que las comparaciones sean factibles.
Lo que defiende el Gobierno holandés, en paralelo, es que se establezcan unos criterios claros para determinar cómo se ha realizado el análisis de la sostenibilidad de la deuda. Es decir, qué datos, modelos y predicciones se han utilizado para realizar los cálculos de una forma transparente para el resto de Estados miembro y la Comisión Europea.
La Comisión Europea planteó en su propuesta de revisión de las reglas fiscales, en noviembre, sendas de reducción de deuda individualizadas y ajustadas a cada Estado miembro. Unas sendas que se negociarán entre la Comisión Europea y los países de la UE y a las que deben dar el visto bueno los ministros de Economía y Finanzas de la UE. Bruselas propuso que los propios países diseñarán tales sendas de ajuste, a partir de ciertas condiciones establecidas por el Ejecutivo comunitario, con quien luego deberán ser negociadas.
Tales planes de ajuste tendrán una duración de cuatro años para los países con altos niveles de endeudamiento y pivotarán sobre un techo anual al gasto público neto de tal manera que el déficit se sitúe por debajo del 3% y la deuda encarrile la senda descendente para no superar el 60% del PIB. En caso de que se produzca alguna desviación sobre ese techo de gasto pactado, se aplicarán multas, con sanciones máximas del 0,2% del PIB.
Es el Tratado de Maastricht el que establece que el déficit presupuestario de un país no debe superar el 3% del PIB y la deuda pública no debe superar el 60% del PIB. Estas reglas fiscales están suspendidas por la cláusula general de escape que se activó por la pandemia y seguirán vigente hasta finales de este año.
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento establecía que, si un gobierno no cumple con estas normas, puede ser multado, sin embargo, esto nunca ha ocurrido. La mayoría de los países no cumplían las normas antes de que se suspendieran en 2020, y es que algunos países reclamaban que las reglas no son realistas.
