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martes, mayo 28, 2024

De ley de Aguas a laboral, entre reformas pendientes

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Mientras que en la Cámara Alta las designaciones de funcionarios faltantes serán un pendiente para el 2024, en San Lázaro, la reducción de las horas a trabajar seguiría en el tintero.

En Senado, los nombramientos

A menos de una semana de que concluya el primer periodo de sesiones ordinarias del tercer y último año de ejercicio de la LXV Legislatura de la Cámara de Senadores, la agenda pendiente de aprobación ante la falta de acuerdos entre el grupo mayoritario representado por Morena y sus aliados del PT, PVEM y PES, y el autodenominado bloque de contención que hasta la semana pasada integraban el PAN, PRI, MC, PRD y senadores sin partido político, incluye casi un centenar de designaciones de funcionarios públicos y de reformas definidas como prioritarias.

Entre los nombramientos que los senadores no han podido realizar a la fecha destacan los de dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); ambas designaciones debieron aprobarse por el pleno cameral antes del 31 de octubre pasado, cuando los magistrados José Luis Vargas e Indalfer Infante concluyeron su periodo constitucional de siete años en el cargo.

Así como la designación de 22 magistrados de Tribunales Electorales Locales de 18 estados, pendiente desde hace dos años, y de 20 magistrados de Tribunales Electorales Locales de 17 estados cuya convocatoria correspondiente fue emitida este año, así como de tres comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Cinco de 292

Aunque se trata de una de las reformas prioritarias a aprobar en el actual periodo de sesiones ordinarias, que inició el pasado 1 de septiembre y terminará antes del próximo viernes 15 de diciembre, por su alto grado de consenso entre los ocho grupos parlamentarios representados en el Senado y porque así lo acordaron en agosto pasado, la nueva Ley General de Aguas también quedará en el tintero. En febrero de 2024 se cumplirán 11 años desde que debió aprobarse, en acatamiento de la Constitución.

De las 292 iniciativas presentadas por senadores de todos los partidos con representación en la Cámara Alta del 1 de septiembre pasado y hasta ayer, solamente fueron aprobadas cinco, todas remitidas a la Cámara de Diputados para continuar su trámite legislativo.

Ante la imposibilidad de aprobarlas esta semana, será hasta el siguiente y último periodo de sesiones ordinarias de la Legislatura en curso, a realizarse del 1 de febrero al 30 de abril del próximo año, cuando los senadores podrían aprobar la minuta de la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, remitida por la Cámara Baja, así como hacer realidad el Sistema Nacional de Cuidados; en ambos temas hay acuerdo también.

En materia de seguridad, entre las reformas impulsadas por la oposición y que no pudieron aprobarse se encuentran las reformas en materia de actuación de la Guardia Nacional, así como para crear un fondo municipal para para la seguridad.

Si no se aprueba esta semana, como está previsto, la nueva Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, formará parte de la agenda pendiente.

En San Lázaro, agenda militar

En la Cámara de Diputados se mantiene en vilo la aprobación de diversas reformas en materia de seguridad, salud y la reducción de la jornada laboral, a unos días de que concluya el periodo ordinario de sesiones.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha pedido a los diputados oficialistas mandar hasta 2024 la discusión del proyecto que busca reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas en México, aunque no hay una decisión oficial sobre si esto sucederá así.

Y es que luego de que la Comisión de Puntos Constitucionales se negara a realizar cambios al dictamen, bajo el argumento de que la votación y modificación deberá estar a cargo de la Mesa Directiva, se espera que los próximos días se anuncie el proceso legislativo que llevará en el tema: ya sea convocar a un nuevo parlamento abierto y con ello aplazar hasta el siguiente periodo su votación o, incluso, poder votarlo antes del 15 de diciembre, última día del periodo ordinario.

Otros temas

En puerta, las y los diputados federales de los siete grupos parlamentarios de San Lázaro, también tienen, entre otras miles de iniciativas, temas como la consolidación de la federalización del sistema de salud para el bienestar (IMSS-Bienestar), la cual busca que los recursos asignados a los estados en materia de salud sean enviados al IMSS-Bienestar.

Milicia

Asimismo, la agenda para este cierre de periodo da prioridad a reformas en materia del Ejército, tales como reformas a la Ley Federal de Derechos en materia de concesionarios de aeropuertos, para que la aerolínea a cargo de las Fuerzas Armadas no tenga que pagar por el uso de aeropuertos federales.

En el mismo tenor, las y los legisladores tienen listas para su votación y aprobación tres iniciativas, dos de ellas del Ejecutivo federal, que modifica normas militares en materia de disciplina, operaciones y armas.

El primer dictamen busca reformar la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, con el fin de reforzar los mecanismos de disciplina desde el Sistema Educativo Militar y permitir las bajas definitivas de personal que incurra en malas conductas.

Por otro lado, también se alistan otras modificaciones planteadas por el mandatario mexicano para duplicar el tiempo de servicio al personal del Ejército y Fuerza Aérea que estén en tareas de seguridad pública.

Así como la reforma el artículo 26 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivo para establecer una regulación más estricta en materia de licencias para portación de armas.

Mientras que en la congeladora se mantiene el proyecto de decreto constitucional, enviado por el presidente, que determina que las personas extranjeras tendrán garantizado su derecho a la libre manifestación de ideas y el cual especifica que el Ejecutivo federal podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras, siempre y cuando acredite que su estancia en el país constituye un riesgo a la seguridad nacional.

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