Las tensiones entre el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, y la Fiscalía General de la Nación, a cargo de Francisco Barbosa, siguen en aumento tras la notificación de que el Ministerio Público pretende allanar la Casa de Nariño.
Para Petro, ese procedimiento sería similar al que se realizó en Perú contra el presidente depuesto Pedro Castillo, previo a su destitución en el Congreso.
«Tal como sucedió en Perú con la fiscal recientemente visitada y en contra del presidente elegido Pedro Castillo, se hará allanamiento a la presidencia por la Fiscalía. No tenemos nada que ocultar: Bienvenidos», escribió Petro en Twitter sobre la creciente polémica.
El mandatario se refirió a la reciente visita que hizo a inicios de mayo el fiscal Barsoba a Perú, donde sostuvo una «reunión estratégica» con la fiscal Patricia Benavides, quien se encargó de abrir un abanico de acusaciones e investigaciones contra el entonces presidente Castillo, que incluyó un allanamiento al palacio presidencial, que sirvieron para presionarlo y profundizó la crisis de gobernabilidad en el país andino.
Además, Petro también alertó sobre la ejecución de un «golpe blando» dentro del parlamento, donde le están quitando los votos a los congresistas del Pacto Histórico que fueron electos por los colombianos de manera democrática.
A esta situación, indicó, se han sumado acciones de medios de comunicación que estarían atizando, con sus enfoques sesgados y tendenciosos, al proceso de «sedición en marcha», hechos que se vinculan con acciones frontales de la Fiscalía General, como el allanamiento anunciado a la Presidencia.
«El presidente falta a la verdad»
En medio de las tensiones, la Fiscalía respondió este martes a Petro y lo acusó de faltar a la verdad. La institución afirmó que el allanamiento fue previamente informado «al oficial jefe de la Oficina de Protección de Palacio», para que autorizara «el ingreso del personal de Fiscalía» y designara «una persona» que acompañase el procedimiento.
«El presidente falta a la verdad al realizar estas declaraciones, ya que la diligencia judicial que se adelantará es una inspección solicitada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos», explicó la Fiscalía.
En el texto, la institución afirma que sus labores tienen como «finalidad el recaudo de información» como parte de una «investigación» que adelanta «sobre presuntas afectaciones a una mujer que trabajaba con la doctora Laura Sarabia», la jefe del Despacho de la Presidencia.
Según el ente, las labores permitirán «verificar si existen cámaras de seguridad para el ingreso al edificio Galán, donde se encuentra ubicada, al parecer, la sala de polígrafo», así como «el protocolo de ingreso de visitantes a esa dependencia».
«También se adelantará inspección a la Jefatura de Protección de Presidencia para conocer el listado del personal que durante los meses de enero y febrero del presente año hizo parte del esquema de seguridad y transporte asignado a la doctora Laura Sarabia», agregó.
Controversia por robo a Sarabia
La mujer que habría sido afectada por Sarabia es Marelbys Meza, la exniñera de su hijo, quien se declara inocente del presunto robo de una alta suma de dinero en la casa de la alta funcionaria en enero de 2023.
Meza fue entrevistada por el medio colombiano Semana y declaró que fue llevada al salón de poligrafía del Palacio Presidencial, donde fue interrogada por las autoridades. En ese procedimiento, dijo, se habría sentido «secuestrada» porque no tuvo nada que ver con la «perdida» del dinero.
Por su parte, Sarabia aclaró que «la jefatura de Protección Presidencial y la Sijin (Seccional de Investigación Judicial y Criminal) actuaron aplicando los protocolos en el marco de la ley». «La Fiscalía investiga como responsable a quien dio la versión a Semana«, agregó.
Sarabia comentó que lo robado correspondía «a pagos de gastos de viajes oficiales realizados durante agosto de 2022 y enero de 2023«, y que les son entregados a los funcionarios en dólares.
La Presidencia también rechazó las acusaciones sobre «supuestos abusos de poder, mal uso de recursos públicos y maltrato a personas indefensas» en las averiguaciones que se realizaron «a todas las personas del círculo de la jefa del Despacho Presidencial».
Las actuaciones, añade, se hicieron «con la arquitectura legal que rige la seguridad de altos funcionarios», bajo «las autorizaciones que exige la ley» y que hay soportes en «audio y video» que pueden revisar las autoridades.
