El Gobierno de coalición de Pedro Sánchez ha comprometido con Bruselas que reducirá el déficit público al 3% del PIB en 2024, según figura en el Programa de Estabilidad 2023-2026 que prevé remitir este jueves a la Comisión Europea. Esta cifra del 3% es la consagrada en el Pacto de Estabilidad de la UE como límite para incurrir en desequilibrio fiscal. “Eso significa que España cumplirá con el Pacto de Estabilidad vigente en la UE en 2024″, explican en el Ministerio de Hacienda, un año antes de lo previsto en el plan del año pasado y a tiempo para la vuelta de las reglas fiscales europeas. Precisamente, el próximo año está previsto que entre en vigor el nuevo marco presupuestario de la Unión, que se está debatiendo ahora en Bruselas y que recoge los mecanismos de corrección presupuestaria para los países con una abultada deuda.
La nueva senda de consolidación fiscal dibujada para el periodo 2023-2026 pasa por rebajar el déficit al 3,9% del PIB en 2023; al 3% en 2024; al 2,7% en 2025, cuando ya estarían aplicándose con todo el rigor las nuevas reglas fiscales —el pronóstico anterior preveía un desfase del 3,3% para el próximo ejercicio y del 2,9% en 2025—. Finalmente, España se compromete a reducir el desequilibrio fiscal entre gastos e ingresos públicos al 2,5% del PIB en 2026. El Ministerio de Hacienda considera que con esta hoja de ruta para reducir el agujero presupuestario podrá alcanzar un superávit primario en 2025.
El año pasado las administraciones públicas españolas registraron un desfase presupuestario ―más gastos que ingresos― de 63.776 millones de euros, el equivalente al 4,8% del PIB. Esta marca ya supuso una mejora con respecto a las previsiones anteriores, que lo situaban en un 5%, y pese a los 35.000 millones desplegados en ayudas para mitigar el impacto de la guerra en Ucrania. Con los datos disponibles hasta el momento, el agujero se reduciría en cerca de un punto este año y el próximo, hasta rebajar el agujero a unos 40.000 millones.
La Comisión Europea tomó la inédita decisión de congelar en 2020 el Pacto de Estabilidad ante el roto que la covid estaba causando en las cuentas públicas de los Estados miembros, y se volcó en un intenso debate para reformar el marco fiscal de cara a los años futuros. Bruselas presentó justo este miércoles su propuesta para modificar los mecanismos de corrección presupuestaria para los países con un déficit elevado y, sobre todo, una abultada deuda acumulada durante las últimas crisis económicas, generadas por la covid y la guerra en Ucrania. Entre ellos está España, cuyo pasivo se disparó desde 2020 y cerró 2022 en un récord de 1,5 billones de euros, cifra equivalente al 113,2% del PIB.
Las nuevas reglas serán más flexibles que las actuales, pero mantendrán como referencia un déficit máximo del 3% del PIB y deuda del 60%, según la propuesta de la Comisión. Los países que sobrepasen estos límites deberán presentar programas de ajustes cuatrienales y lograr una corrección anual de al menos el 0,5% del PIB en el desfase presupuestario. Es así que el calendario de consolidación fiscal esbozado por el Gobierno supone un importante esfuerzo de ajuste, aún más exigente de lo que propone Bruselas, y en un momento en el cual la economía está enfriándose después de vivir dos años de bum por la recuperación tras la pandemia
Ajuste sin recortes
El Ejecutivo no incluye en el Programa de Estabilidad grandes medidas fiscales o de recorte de gastos para alcanzar sus objetivos de déficit, que se producirá “por el sólido crecimiento económico de España, superior a la media de los países de la UE, y al dinamismo en la creación de empleo, con cifras récord de afiliación a la Seguridad Social. Por tanto, el Gobierno logra una consolidación fiscal sin aplicar recortes”, explica.
Entre las grandes economías europeas, España ha sufrido el mayor mordisco al PIB por la pandemia y aún no ha recuperado del todo el terreno perdido. En 2022 ha conseguido, contra casi todo pronóstico, mantener un crecimiento sólido (5,5%) gracias a la fortaleza del mercado laboral, la mejora del consumo y del sector exterior. Pese a la ralentización prevista para 2023, que será generalizada, todas las grandes casas de análisis y organismos internacionales prevén que la economía española avance por encima de la media del entorno.
En este último año, España también ha aprovechado la espiral inflacionista para elevar la recaudación de impuestos, que ha alcanzado un récord de 255.563 millones. Las principales figuras tributarias han crecido con fuerza durante 2022, lo que ha facilitado el ajuste y ha compensado las ayudas públicas para familias y empresas que están sufriendo el golpe de la inflación y la crisis energética, y que han disparado el gasto público. Pero son medidas temporales que tendrán que desaparecer en los próximos trimestres y tendrán un impacto limitado. “El Gobierno está comprometido con la sostenibilidad de las finanzas públicas. De hecho, pese a la pandemia y los efectos de la guerra en Ucrania, en solo dos años España ha reducido el déficit más de la mitad, al pasar del 10,1% en 2020 al 4,8% en 2022. Esto supone una disminución de más de cinco puntos porcentuales del PIB, la mayor rebaja de la serie en ese periodo sin incluir la ayuda financiera. En total, se trata de una disminución de 49.500 millones de euros desde 2020″, explican en Hacienda.
Y añaden: “Ambos factores, crecimiento económico y empleo, permiten un aumento estructural de los ingresos, que en 2022 fue del 14,4%. En este aspecto, la inflación solo aportó 5 puntos a ese crecimiento de los recursos. La previsión es que el aumento de los ingresos vaya moderándose en los próximos años, pero siempre mantengan un crecimiento superior a la previsión de inflación, lo que pone de manifiesto una vez más que la mejora de los recursos públicos está sostenida por el empuje de la economía y el dinamismo del empleo”
El año pasado las administraciones públicas españolas registraron un desfase presupuestario ―más gastos que ingresos― de 63.776 millones de euros, el equivalente al 4,8% del PIB. Esta marca ya supuso una mejora con respecto a las previsiones anteriores, que lo situaban en un 5%, y pese a los 35.000 millones desplegados en ayudas para mitigar el impacto de la guerra en Ucrania. Con los datos disponibles hasta el momento, el agujero se reduciría en cerca de un punto este año y el próximo, hasta rebajar el agujero a unos 40.000 millones.
La Comisión Europea tomó la inédita decisión de congelar en 2020 el Pacto de Estabilidad ante el roto que la covid estaba causando en las cuentas públicas de los Estados miembros, y se volcó en un intenso debate para reformar el marco fiscal de cara a los años futuros. Bruselas presentó justo este miércoles su propuesta para modificar los mecanismos de corrección presupuestaria para los países con un déficit elevado y, sobre todo, una abultada deuda acumulada durante las últimas crisis económicas, generadas por la covid y la guerra en Ucrania. Entre ellos está España, cuyo pasivo se disparó desde 2020 y cerró 2022 en un récord de 1,5 billones de euros, cifra equivalente al 113,2% del PIB.
Las nuevas reglas serán más flexibles que las actuales, pero mantendrán como referencia un déficit máximo del 3% del PIB y deuda del 60%, según la propuesta de la Comisión. Los países que sobrepasen estos límites deberán presentar programas de ajustes cuatrienales y lograr una corrección anual de al menos el 0,5% del PIB en el desfase presupuestario. Es así que el calendario de consolidación fiscal esbozado por el Gobierno supone un importante esfuerzo de ajuste, aún más exigente de lo que propone Bruselas, y en un momento en el cual la economía está enfriándose después de vivir dos años de bum por la recuperación tras la pandemia
Ajuste sin recortes
El Ejecutivo no incluye en el Programa de Estabilidad grandes medidas fiscales o de recorte de gastos para alcanzar sus objetivos de déficit, que se producirá “por el sólido crecimiento económico de España, superior a la media de los países de la UE, y al dinamismo en la creación de empleo, con cifras récord de afiliación a la Seguridad Social. Por tanto, el Gobierno logra una consolidación fiscal sin aplicar recortes”, explica.
Entre las grandes economías europeas, España ha sufrido el mayor mordisco al PIB por la pandemia y aún no ha recuperado del todo el terreno perdido. En 2022 ha conseguido, contra casi todo pronóstico, mantener un crecimiento sólido (5,5%) gracias a la fortaleza del mercado laboral, la mejora del consumo y del sector exterior. Pese a la ralentización prevista para 2023, que será generalizada, todas las grandes casas de análisis y organismos internacionales prevén que la economía española avance por encima de la media del entorno.
En este último año, España también ha aprovechado la espiral inflacionista para elevar la recaudación de impuestos, que ha alcanzado un récord de 255.563 millones. Las principales figuras tributarias han crecido con fuerza durante 2022, lo que ha facilitado el ajuste y ha compensado las ayudas públicas para familias y empresas que están sufriendo el golpe de la inflación y la crisis energética, y que han disparado el gasto público. Pero son medidas temporales que tendrán que desaparecer en los próximos trimestres y tendrán un impacto limitado. “El Gobierno está comprometido con la sostenibilidad de las finanzas públicas. De hecho, pese a la pandemia y los efectos de la guerra en Ucrania, en solo dos años España ha reducido el déficit más de la mitad, al pasar del 10,1% en 2020 al 4,8% en 2022. Esto supone una disminución de más de cinco puntos porcentuales del PIB, la mayor rebaja de la serie en ese periodo sin incluir la ayuda financiera. En total, se trata de una disminución de 49.500 millones de euros desde 2020″, explican en Hacienda.
Y añaden: “Ambos factores, crecimiento económico y empleo, permiten un aumento estructural de los ingresos, que en 2022 fue del 14,4%. En este aspecto, la inflación solo aportó 5 puntos a ese crecimiento de los recursos. La previsión es que el aumento de los ingresos vaya moderándose en los próximos años, pero siempre mantengan un crecimiento superior a la previsión de inflación, lo que pone de manifiesto una vez más que la mejora de los recursos públicos está sostenida por el empuje de la economía y el dinamismo del empleo”.
