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lunes, abril 15, 2024

España es líder de la eurozona en aumento del número de funcionarios

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La Encuesta de Fuerza Laboral (Labour Force Survey) europea revela que el empleo entre los funcionarios españoles creció en 2022 en 95.800 personas, un 7,12%, el mayor incremento registrado entre el grupo de las grandes economías del euro: Francia (4,16%), Italia (2,63%) y, especialmente Alemania, donde estos trabajadores retrocedieron un 7,03%. En el conjunto de países que utilizan la moneda única, España solo se vio superada por Letonia, donde el crecimiento interanual fue del 7,6%. Aunque esto se traduce en un incremento de apenas 4.000 trabajadores netos.

Los datos de Eurostat reflejan un contexto europeo en el que nuestro país se sitúa muy lejos de las posiciones de cabeza en creación de empleo. En el pasado año, España sumó un 1,33% de empleados, por debajo de la media de 1,69% de la zona euro. Un aumento que supone una herramienta más para maquillar el empleo en España.

Dicho de otra forma, los funcionarios de las administraciones públicas crecieron 5,3 veces más que lo que subió el total de ocupados, una brecha que supera a la de cualquier país de la zona euro. El incremento de trabajadores públicos equivale a un tercio del total del empleo neto creado, un peso inédito en el entorno europeo.

Sobre todo, si tenemos en cuenta que el total de funcionarios que registra Eurostat, 1,44 millones, solo suponen un 7% del total de los trabajadores en España. Sin embargo, los datos de Eurostat sobre el empleo público no son equiparables a los que publica la EPA, ya que solo cuentan a funcionarios propiamente dichos, no a trabajadores del sector público pero cuya profesión se engloba en otras ramas de actividad, como la sanidad y la educación. Incluyéndolos, la cifra se eleva a los 3,53 millones, un 17,2% del total del empleo.

Sin embargo, el empleo de sanitarios y profesores, considerado esencial durante la pandemia, se redujeron un 0,18% y un 0,24% respectivamente respecto a cierre de 2021 según la Oficina Europea de Estadísticas.

En cualquier caso, el análisis de Bruselas revela que en el conjunto de la Unión Europea los funcionarios solo aumentaron un 0,13%, y entre los países del euro cayó un 0,67%. De hecho, en la mitad de los 20 que utilizan la moneda única recortaron su número, especialmente Alemania, que prescindió de un 7% del total sin que eso le impidiera crear más empleo que España, con un 1,73% de crecimiento interanual.

 

Otro de las claves que refleja la estadística es la temporalidad: los funcionarios interinos han pasado de suponer un 24,6% en el cuarto trimestre de 2021 a un 23,1% un año después.

Sigue siendo, con diferencia, el porcentaje más elevado de la Unión Europea, aunque el dato es inferior al que publica la EPA tomando como referencia el conjunto de trabajadores públicos, que llegan al 30,7%.

Temporalidad y envejecimiento

En este sentido, se plantea una cuestión ya apuntada por las estadísticas españolas: el empleo de los funcionarios sigue tan ligado a la eventualidad que frena los efectos globales de la reforma laboral, que solo se aplica al sector privado.

Esta cuestión ha sido elevada por diversos colectivos de funcionarios antes las autoridades europeas, que han tratado el tema en diversos documentos en los últimos años. El Ejecutivo español trabaja en diversos frentes para reducir la interinidad, si bien el impacto de estos esfuerzos ha sido reducido.

 

A ello se suma el envejecimiento de las plantillas: en España el 47% de los funcionarios supera los 50 años, un porcentaje solo superado por Italia y que queda siete puntos por encima de la media de la zona euro. Y un 30% sobrepasa los 55 años. 

Temporalidad y envejecimiento de las plantillas son dos factores que influyen en la baja productividad del sector público en nuestro país, sin que las ofertas de empleo récord anunciadas en el último año hayan logrado encontrar una respuesta.

Tampoco la Ley de Función Pública, aprobada en vísperas de las elecciones autonómicas, parece orientada a hacerlo. De hecho, el texto remitido al Congreso elimina la posibilidad de que los trabajadores que no superen la evaluación de desempeño se vean despedidos o pierdan la condición de empleado público.

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