Castillo ha apelado nuevamente a la juez Laurel D. Beeler, quien ya frenó en junio de 2022 su extradición por otros episodios de inestabilidad en Perú, argumentando que la situación actual es «mucho más peligrosa que hace un año».
«Desde la destitución del presidente Castillo, el país ha estado en estado de emergencia, lo que resultó en la suspensión de varios derechos constitucionales, incluyendo la libertad de tránsito, la de reunión y el derecho a la privacidad en el hogar», ha expuesto Toledo en un escrito recogido por el diario ‘La República’.
«Incluso en comparación con conflictos similares, el de Perú ha sido especialmente violento, sedicioso y peligroso. El resultado ha sido violaciones desenfrenadas de los Derechos Humanos; el uso de fuerza excesiva y letal contra la población indígena; y la muerte de al menos 48 personas asesinadas por las fuerzas del orden», ha ahondado el expresidente peruano.
En su defensa, Toledo ha recordado que las autoridades de Estados Unidos nunca han puesto en cuestión que «corre el riesgo de enfermar gravemente» e incluso «morir» si es encarcelado mientras espera juicio en Perú. En caso de que la juez se lo niegue, ha demandado que se suspenda hasta que se resuelva el ‘habeas corpus’.
Las autoridades peruanas alegan que Toledo recibió sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de que la compañía fuera favorecida en la licitación de obras de la carretera Interoceánica, acusaciones que niega.
