Al final, la guerra estalló por Doñana. En plena precampaña electoral, y enarbolando cada bando la bandera de la presumible responsabilidad, la Junta de Andalucía y el Gobierno central se han enzarzado en una batalla pública sin precedentes con el humedal más importante de Europa como tesoro a conquistar. Pero los dos contendientes han visto cómo un tercero, más acostumbrado a actuar como mediador y supervisor, se ha implicado de forma decidida en el conflicto. La Comisión Europea ha abandonado su habitual tono ambiguo para, asiendo el arma de las multas y las consecuencias jurídicas, recordar a unos y otros que por Doñana no se pelea; que a Doñana, precisamente por no ser de unos ni de otros, sino de todos, se la protege.
Así se lo hizo saber el comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, al consejero andaluz de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, durante la reunión que ambos mantuvieron recientemente en Bruselas. Fernández-Pacheco viajó con el objetivo de convencer al Ejecutivo comunitario de que la proposición de ley para ampliar las hectáreas de regadío no afecta a Doñana desde el punto de vista medioambiental, pero volvió a Sevilla sin haberlo conseguido.
Es más, tras el encuentro, Sinkevicius insistió en que si el proyecto sale adelante, «usará todos los medios a su alcance, incluido acudir al TJUE para solicitar multas coercitivas contra el Reino de España». Según los técnicos del Parlamento Europeo, las sanciones derivadas podrían ascender hasta los 300 millones de euros.
El Gobierno central, por su parte, también ha avisado a la Junta de Andalucía de que si no retira el proyecto de ley de regadíos en el entorno de Doñana acudirá al Tribunal Constitucional y ha advertido de que valora repercutirle las posibles sanciones que imponga Bruselas a España por no mantener el buen estado del Parque Nacional.
Sin embargo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez tampoco se ha librado de un reproche por parte de Bruselas, que le acusa de haber «fracasado» en la aplicación de la directiva marco del agua para asegurar la gestión de los acuíferos y de no haber hecho lo suficiente para proteger los humedades del Parque, en evidente deterioro. De hecho, en 2021 el Tribunal de Justicia Europeo condenó a España por no haber salvaguardado de manera adecuada el espacio protegido, y el pasado mes de marzo la Comisión envió una carta amenazando con presentar un recurso. Ahora, insiste en que si el proyecto andaluz finalmente es aprobado, ello constituiría una flagrante violación de la resolución del Tribunal. «Si es necesario, la Comisión tendrá la posibilidad de adoptar nuevas medidas para garantizar que España cumpla la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo», ha declarado Tim McPhie, portavoz de la Comisión, que añade: «Por el momento estamos, evaluando las observaciones que se están presentando y siguiendo de cerca los acontecimientos».
El origen de la polémica se encuentra en la proposición de ley para ampliar los regadíos en la corona norte del Parque Natural de Doñana presentada por el Partido Popular andaluz con el apoyo de Vox en la Comunidad. El texto pretende reconocer como agrícolas unas 800 hectáreas de los municipios de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva). No obstante, un informe elaborado por WWF apunta que, en la práctica, el número de hectáreas de cultivos ilegales que podrían ser regulados superaría las 1.900
hectáreas. La UE recuerda que a Doñana se la protege por no ser de unos ni de otros, sino de todos
La propuesta de la Junta andaluza plantea resarcir a centenares de pequeños agricultores que se vieron excluidos del Plan de la Fresa diseñado por el anterior Gobierno regional socialista en 2014. Así, el Ejecutivo popular de Juan Manuel Moreno Bonilla pretende beneficiar a esos cultivos, principalmente dedicados al fruto rojo, que necesitan grandes cantidades de agua. En la actualidad, centenares de pozos, muchos de ellos ilegales, se nutren sin control de las aguas subterráneas para regar los cultivos, si bien la aplicación del Marco de Actuaciones de Doñana ha procurado ya la clausura de 701 pozos ilegales mientras otros 428 tienen el proceso de cierre ya iniciado.
La propuesta del Gobierno andaluz puntualiza que ninguna extracción de aguas del acuífero de Doñana será autorizada en virtud de la ley. Contempla, más bien, que en situaciones de superávit sean utilizadas aguas superficiales mediante un nuevo trasvase procedente de la cuenca Tinto-Odiel-Piedras. El hecho de no estar en servicio esta infraestructura está siendo usado como ariete contra el Gobierno central.
No obstante, la polémica generada en España y, también, el hecho de que haya trascendido las fronteras nacionales, han suavizado las posiciones de la Junta de Andalucía. Moreno Bonilla ha pasado de atacar al Gobierno central diciendo que las voces de Madrid no están legitimadas para decirle a Andalucía lo que debe hacer con Doñana a mostrarse dispuesto a dialogar y buscar «alternativas imaginativas» para solventar la situación de los regadíos en el entorno del Parque.
En este sentido, la propuesta planteada por el exvicepresidente del Gobierno y presidente durante años del Patronato de Doñana, el socialista y andaluz Alfonso Guerra, de permutar o comprar a los regantes los terrenos afectados por el plan de reordenación, no ha sido descartada ni por la Junta andaluza y ni por el Gobierno central, al menos de momento. Tampoco por el secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas.
