La Organización de los Estados Americanos condena intento de fiscales guatemaltecos por anular el resultado de las elecciones presidenciales y lo considera un «intento de golpe de Estado». El gobierno de España y organizaciones de derechos humanos expresan también su rechazo.
CIUDAD DE GUATEMALA — La Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó el viernes lo que llamó un «intento de golpe de Estado» en Guatemala, después de que fiscales del Ministerio Público (MP) dijeran que se deberían anular las elecciones presidenciales de este año, donde resultó electo el candidato anticorrupción Bernardo Arévalo, quién insistió en que jurará el cargo el próximo jueves.
Más temprano, dos fiscales del MP declararon que intentarían anular los resultados de la primera vuelta de junio, donde resultaron ganadores Sandra Torres, la ex primera dama, y Arévalo.
Arévalo ganó el balotaje de agosto. Desde entonces, el MP ha llevado a cabo allanamientos a oficinas del partido de Arévalo, el Movimiento Semilla, y del tribunal electoral TSE en su esfuerzo por investigar los comicios. También ha solicitado el levantamiento de la inmunidad para diputados cercanos al presidente electo.
Los fiscales alegan irregularidades en el registro de votantes antes de las elecciones. La comunidad internacional ha criticado abrumadoramente la investigación, calificándola como un intento para impedir que Arévalo asuma el cargo en enero.
«La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos condena el intento de golpe de Estado por parte del Ministerio Público de Guatemala», dijo la OEA en un comunicado.
«El intento de anular las elecciones generales del presente año constituye la peor forma de rompimiento democrático y la consolidación de un fraude político contra la voluntad del pueblo», agregó.
Poco después del anuncio Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala descartó que se vayan a realizar nuevos comicios.
«En este momento (…) los diputados y el binomio presidencial están listos para tomar posesión el 14 de enero. En este momento, no hay manera de que el Tribunal Supremo Electoral vaya a repetir las elecciones», dijo la presidenta del TSE, Blanca Alfaro, reportó Reuters.
Por su parte, Arévalo confirmó en la tarde que tomará posesión el 14 de enero a la par que señaló durante una conferencia de prensa que el país está ante «un golpe de Estado ridículo, espurio y perverso».
El presidente electo también apuntó que aunque algunos quieran invalidar el voto de los guatemaltecos, «los resultados son definitivos e inalterables».
Rechazo desde el exterior
Desde las Naciones Unidas siguen muy vigilantes a lo que está ocurriendo en Guatemala, “donde el Ministerio Público ha tomado medidas para anular las elecciones generales, que habían sido certificadas por el Tribunal Supremo”, según confirmó el portavoz del secretario general, António Guterres, a través de un comunicado difundido este viernes.
En esa línea, Stéphane Dujarric señaló que el máximo responsable del organismo internacional “reitera su llamado al respeto de la voluntad de los votantes guatemaltecos” y pidió “una transferencia del poder sin contratiempos en enero”, cuando está previsto que se dé el traspaso.
“El secretario general confía en que se respetarán los resultados de las elecciones certificados por el Tribunal Supremo Electoral”, remarcó.
La cancillería de España rechazó en un comunicado el mismo día las declaraciones del Ministerio Público, alegando que “atentan contra la democracia y suponen una grave violación de la voluntad del pueblo guatemalteco libremente expresada en las urnas”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo independiente pero adscrito a la OEA replicó igualmente lo sugerido por el MP.
En tanto la WOLA, una organización enfocada en Latinoamérica con sede en Washington, rechazó en un mensaje en la red social X la “interferencia” del Ministerio Público pues “atenta contra la voluntad popular ya ratificada por el Tribunal Supremo Electoral”.
Recientemente, cuatro de los cinco magistrados del TSE huyeron del país después de haber sido despojados de su inmunidad en relación con el caso.
Las medidas contra Arévalo, su partido y el TSE han generado protestas en varias partes de Guatemala y una crisis política que se ha agudizado en los últimos meses.
