En 2026 la tasa de temporalidad en España debería situarse en niveles de la zona euro, o eso es lo que prevé el Gobierno, según se refleja en el Programa de Estabilidad 2023-2026. Para que ocurra, para que se sitúe en el entorno del 15%, deberá reducirse en tres años en torno a seis puntos. ¿Es un planteamiento viable? Atendiendo a la evolución de los últimos años, la hoja de ruta podría resultar más o menos exitosa. Aunque existen varias incertidumbres en el camino.
Los últimos datos de Eurostat siguen destacando a España como uno de los países europeos con la tasa de temporalidad, en el 21,2%. Solo está por delante Países Bajos (27,5%), cuya gráfica desde 2020 muestra un aumento de más de nueve puntos. Por detrás, Italia, con una temporalidad del 16,9%. Y desde ahí, las distancias se amplían hasta el 15,3% de temporalidad en la zona euro y el 14,1% en la Unión Europea (UE).
Sin embargo, el dato español nunca había estado tan cerca de las medias europeas. Pese a liderar la lista de países con más trabajadores bajo un contrato temporal, España es el país que más rápido está reduciendo la brecha: el año pasado bajó en casi cuatro puntos con respecto a 2021 (24,9%). En ningún otro país descendió tanto.
El desplome se explica en dos hechos: el principal, la entrada en vigor en 2022 (desde marzo al completo) de la última reforma laboral, que redujo los supuestos para los contratos temporales con el objetivo de incentivar los indefinidos, y parece que, al menos hasta ahora, se ha cumplido. El otro, el repunte de 1,1 puntos que la temporalidad había anotado en 2021, en plena recuperación postcovid y justo antes de la nueva norma abanderada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Un dato inflado por la coyuntura que rompió la senda de caídas que la temporalidad venía apuntando en los últimos años y dio más fuerza a la recuperación de 2022.
Desde 2019 la tasa de temporalidad se ha reducido en 5,2 puntos, por lo que atendiendo a los datos puros, de seguir la tendencia, los planes del Gobierno de llevarla en 2026 a la media europea podrían, si no cumplirse, sí quedarse cerca.
Menos problemas para encontrar un trabajo permanente
Profundizando en los datos de Eurostat se encuentra una hazaña aún mayor. El ritmo de reducción de la temporalidad es más alto si se fija el foco en quienes tienen dificultades para encontrar un trabajo permanente.
Filtrando la búsqueda por esa razón (trabajo permanente no encontrado) España sí encabeza la lista de países con mayor tasa de temporalidad entre esos trabajadores. El último dato disponible la sitúa en el 12,8%, muy por encima del segundo, Chipre, donde está en el 8,7%, y más lejos de la tasa de la zona euro (4,8%) y la UE (4,3%).
Desde 2019, la tasa en la UE se ha reducido 3,6 puntos; en España, 8,4. La caída interanual más significativa fue de 2021 a 2022, al ceder la tasa de temporalidad 3,3 puntos, del 16,1% al 12,8%. Si se retroceden unos años más, hasta 2017, la temporalidad en la UE se ha reducido en 4,5 puntos frente a los casi 10 puntos (9,9) que lo hizo en España.
Las trabas más allá de los datos
Pero estos datos podrían ser mucho mejores si no fuera por el empleo público, que registra una tasa de temporalidad cerca de 18 puntos superior a la del sector privado, según los últimos datos del Instituto nacional de Estadísticas español. La razón de esta brecha es que en la reforma laboral no tiene eficacia a la hora de regular figuras como las de los interinos.
Esto corresponde al Ministerio de Hacienda y Función Pública, que ha presentado su propia estrategia para reducir el abuso de los interinos, aunque como revelan los datos, con una tasa de temporalidad del 31%, lo está haciendo con una eficacia muchísimo menor que la obtenida en el sector privado, donde han caído al 13,4%.
Esta es una de las principales sombras sobre la previsión de alcanzar los objetivos comprometidos con Bruselas. Sobre todo en un año como 2023, en el que el calendario electoral está disparando la generosidad de las ofertas públicas de empleo. La propia Díaz, aunque no tiene competencias en la materia, ha advertido de que la reducción de la temporalidad pública debe ser una prioridad en la recta final de la Legislatura.
Aunque existen otros nubarrones en el horizonte a tener en cuenta. El más relevante, la posibilidad de que el efecto de la reforma laboral ya haya tocado techo. Algo a lo que apuntan las estimaciones actualizadas del Ministerio de Asuntos Económico, que recoge que el impacto de la norma previsto para los próximos tres años ya se ha alcanzado en el primero, lo cual deja un escenario en el que ya no se prevén mejoras sustanciales.
Esto supone que la reducción de la temporalidad no se va a producir por un alza en la creación de nuevos empleos indefinidos, como ocurrió en 2022, sino por la conversión de los que ya tienen contratos temporales. El problema es que las conversiones se han desinflado, a tasas interanuales del 78% en abril. Esto se puede explicar porque hay menos contratos temporales que convertir, aunque la firma de estos se ha reducido solo un 16,59% interanual. Esto apunta a que el recorte de la dualidad se ha desacelerado con intensidad, lo que implicaría que no hay mucho margen adicional de descenso.
El ‘as’ en la manga de la reforma laboral para impulsar las conversiones
Trabajo, evidentemente, no comparte esta visión y espera que la creación de empleos indefinidos se mantenga a la par que más trabajadores temporales pasan a ser fijos. Pero, por si acaso, la propia reforma laboral se guarda un ‘as’ en la manga para impulsar las conversiones en la segunda mitad del año.
La norma establece que las personas trabajadoras que, en un periodo de veinticuatro meses hubieran estado contratadas durante un plazo superior a dieciocho meses, con la misma empresa o grupo de empresas mediante varios contratos por circunstancias de la producción, serán convertidos en fijos. La redacción en sí no es muy diferente a la que introdujo la reforma laboral de 2015, aunque en su caso el periodo de referencia era de 30 meses y el de trabajo efectivo de 24 meses.
La novedad es que no solo adquirirá la condición de fijo el trabajador que haya encadenado personalmente esos contratos eventuales, sino cualquiera que ocupe un puesto que haya sido cubierto de esa forma al cumplir el mismo plazo de 18 sobre 24 meses. Es decir, que el límite a la temporalidad ya no se vincula solo al asalariado sino al propio puesto de trabajo. Un ‘truco’ con el que Trabajo espera elevar la conversión de los contratos indefinidos y evitar la trampa de que las empresas despidan a los trabajadores cuando se acerca la fecha límite.
