La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos destacó que, en México, se han documentado violaciones de derechos humanos en el contexto de la lucha contra las drogas, como detenciones arbitrarias, actos de tortura, malos tratos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, resultantes de la militarización para combatir dicho problema.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) destacó que, en México, se han documentado violaciones de derechos humanos en el contexto de la lucha contra las drogas, como detenciones arbitrarias, actos de tortura, malos tratos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, resultantes de la militarización para combatir dicho problema.
En el informe “Desafíos en materia de derechos humanos a la hora de abordar y contrarrestar todos los aspectos del problema mundial de las drogas”, se detalló que esta información fue conocida gracias a contribuciones realizadas por ONG como Elementa-México, la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas que Usan Drogas, México Unido contra la Delincuencia, entre otras, y que dichas violaciones afectan, principalmente y de manera desproporcionada, a los sectores más pobres y más marginados de la sociedad.
La ONU explicó que, en la mayoría de estos casos, la rendición de cuentas por violaciones de los derechos humanos y el acceso de las víctimas y comunidades a medidas de reparación efectivas, sigue siendo insuficiente.
En colaboración con la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México y de Amnistía Internacional, Naciones Unidas pudo observar que la penalización de delitos leves relacionados con las drogas, como el cultivo de subsistencia de los pueblos indígenas o la posesión de pequeñas cantidades, afecta a personas de grupos marginados debido a la estigmatización y al excesivo control del que suelen ser objeto.
Según los datos de la ONU, con corte al 2020, a nivel mundial aproximadamente 61% de las 3.1 millones de personas que fueron arrestadas por infracciones relacionadas con sustancias ilegales en todo el mundo, fueron detenidas principalmente por posesión.
Por otro lado, 78% de las 2.5 millones de personas que están en prisión debido a delitos de drogas, lo que equivale a alrededor del 20 % de la población penitenciaria global, fueron sentenciadas por tráfico.
Naciones Unidas destacó que, en numerosos casos, a pesar de que las personas solo estaban en posesión de drogas, fueron condenadas bajo cargos de narcotráfico.
De manera general se destacó que “las principales esferas de preocupación al abordar y contrarrestar el problema mundial de las drogas son el acceso insuficiente y desigual al tratamiento y los servicios de reducción del daño; la guerra contra las drogas y la militarización de la fiscalización de drogas, el recurso excesivo del encarcelamiento y el hacinamiento en las cárceles”.
Justicia terapéutica
La Oficina de la ONU destacó que, al igual que en otros países del mundo, México ha creado un programa de justicia terapéutica para fortalecer las medidas alternativas al encarcelamiento, además de que se trabaja en una reforma legislativa sobre el consumo responsable de cannabis.
Asimismo, se recomienda que en México y otros estados, se adopte la despenalización del consumo de drogas, la regularización responsable de los mercados ilegales, la atención a las necesidades específicas de grupos vulnerables como las mujeres y las minorías y la colaboración con la sociedad civil y las comunidades afectadas para tomar mejores decisiones sobre la política en el rubro.
Las políticas de fiscalización de drogas deben entenderse como un método para conseguir objetivos más amplios, en particular la protección de los derechos humanos, en especial el derecho a la salud, y garantizar la igualdad y la no discriminación”, indica el informe.
Otra recomendación que se realizó fue que se recurra al uso de la fuerza militar sólo de manera extraordinaria, temporal y cuando sea estrictamente necesario en circunstancias específicas. Y que cuando se den tales circunstancias excepcionales, la participación de las fuerzas castrenses debe subordinarse y ser complementaria a la de las fuerzas civiles.
Destaca, también, que los militares deben estar regulados y sujetos a las mismas normas y procedimientos establecidos para el personal civil encargado de hacer cumplir la ley.
