En los últimos días, hemos visto a Alberto Núñez Feijóo evidenciar su falta de conocimientos sobre la política financiera, fiscal o laboral de nuestro país. Ha hecho numerosas afirmaciones falsas o confusas sobre nuestra economía que incluso han provocado que dirigentes del Partido Popular salgan a enmendar las reflexiones de su candidato.
El pasado 31 de mayo, Feijóo aseguraba en el Círculo de Economía de Barcelona, una entidad con más de 50 años de historia, que valoraba suprimir el impuesto a la banca que estableció el Gobierno y que votaron en contra en el Congreso de los Diputados. Este 19 de junio, ni tres semanas más tarde, el vicesecretario general de Economía del PP, Juan Bravo, afirmaba en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo que barajaban mantener el impuesto a la banca si gobernaban. En veinte días, dos versiones diferentes sobre un mismo tipo impositivo, en 20 días, dos eslóganes distintos elaborados solo para tener un buen titular, sin mayor análisis ni estudio sobre la dirección que debe tomar la política fiscal española
Quedan pocos días para que se celebren las Elecciones Generales, el próximo 23 de julio, y los españoles desconocemos cuál es el plan económico de Alberto Núñez Feijóo, cuáles son sus principales propuestas en la materia, o la orientación que van a tomar las políticas y reformas para seguir impulsando el clima de negocios, la política industrial o las transiciones ecológica y digital que están modernizando el tejido productivo.
No sabemos tampoco si cuando hablan de derogar las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez, hablan de eliminar políticas que han sido clave en la recuperación y el impulso de la actividad económica de nuestro país; como la reforma laboral, que por primera vez recuperaba derechos para los trabajadores; la subida un 48% del SMI; o la revalorización de las pensiones conforme al IPC, tal y como recomienda el Pacto de Toledo.
Lo que sí conocemos es un vago batiburrillo de falsedades, eso sí lo van mostrando cada vez que tienen ocasión. Como eso de que durante los gobiernos de Rajoy las pensiones se revalorizaban anualmente conforme al IPC, cuando llevaron a cabo una reforma del sistema público de pensiones, con su rodillo de la mayoría absoluta y en contra de los agentes sociales, en las que lo suprimían y lo sustituían por el índice de revalorización que limitaba las subidas al 0,25% en situaciones de déficit público y el Factor de Sostenibilidad. Esta falsedad no soporta un minuto de debate y debe de ser una de las cuestiones por las que niegan a los españoles la posibilidad de contrastar, en un debate público, su proyecto económico con el del Gobierno actual.
Otra falsedad. No pueden negar (pero lo niegan) que España crece por encima de las otras tres grandes economías de la zona euro, Alemania, Francia e Italia, ni tampoco que lo hace por encima de la media de los países de la OCDE, porque son datos contrastados y publicados por organismos internacionales o nacionales como la propia OCDE, la Comisión Europea, el FMI, el BCE, el Banco de España o entidades privadas como el BBVA. Dicen que la economía está estancada el mismo día que el Banco de España actualiza sus previsiones, que mejoran en siete décimas las que había previsto en marzo, situando el crecimiento del PIB en 2023 en un 2,3%, dos décimas por encima de las previsiones del Gobierno que lo sitúan en un 2,1% y tras dos años, 2021 y 2022, en los que hemos crecido un 5,5% consecutivamente.
Otro de esos eslóganes que reiteran constantemente es que el Gobierno no ha hecho nada por el empleo y los salarios cuando tenemos cifras récord de creación de empleo de toda la serie histórica, con 20,9 millones de afiliados a la Seguridad Social, tras la reforma laboral y el SMI. Con Rajoy, en sus ocho años de gobierno, paso de los 641 euros a los 735 euros. Y en estos cinco años ha pasado de los 735 euros a los 1.080 euros. Uno de los datos más reveladores es el desempleo juvenil para menores de 25 años, que con Rajoy se encontraba en 458.012 personas en 2013, y en la actualidad es el menor de toda la serie histórica, con 188.043 personas.
El último de los eslóganes que no podrían utilizar en un debate es que no se han bajado los impuestos a las rentas bajas y medias, cuando uno de los principales factores a los que responde la reducción de la inflación en nuestro país, una de las tres más bajas de la UE, es la bajada del IVA de la luz, el gas y los alimentos.
La realidad económica española, en un contexto internacional de incertidumbre, está en una posición de mayor fortaleza que otros países de nuestro entorno, lo cual genera confianza en el exterior de nuestras fronteras como evidencia, por ejemplo, que en el primer trimestre de 2023 la inversión extranjera en nuestro país haya aumentado un 20,3%.
Ante los datos certeros que muestran el buen rumbo de la economía gracias a la respuesta de política económica desplegada por el Gobierno, la derecha española se revuelve. No hay argumentario posible que desarticule la realidad contrastada entre los principales actores socioeconómicos de la buena salud de la que goza la economía española en la actualidad.
España necesita continuar con un rumbo cierto en su política económica para impulsar mayores oportunidades de empleo, progreso, bienestar y calidad de vida para sus ciudadanos. Y los españoles tienen derecho a conocer los proyectos de quienes quieren dirigir España y hacerlo con objetividad contrastándolos en un debate público. La derecha tendrá que esforzarse para dejar a un lado falsos eslóganes y empezar hablar con rigor del estado de la economía española. Los ciudadanos merecen políticos que digan la verdad.
