El periodista estadounidense Danny Fenster ha sido sentenciado este viernes a 11 años de prisión por un tribunal birmano. El editor jefe de la revista independiente Frontier Myanmar ha sido declarado culpable de incitación a la disidencia por difundir “noticias falsas y provocativas”, así como de violación de las leyes de inmigración y asociación ilícitas. Según ha criticado Frontier tras conocer el veredicto, las sentencias impuestas han sido “las más duras que contempla la ley”.
Fenster, de 37 años, es el primer periodista extranjero condenado a prisión en Myanmar desde que el Ejército birmano, el Tatmadaw, perpetrase el 1 de febrero el golpe de Estado que puso fin a los intentos de transición democrática del país, iniciados en 2011. Su arresto se produjo el 24 de mayo en el Aeropuerto Internacional de Rangún, poco antes de embarcar en un vuelo hacia Detroit (Michigan, EE UU), donde iba a visitar a su familia. Desde entonces, ha estado encarcelado en la prisión Insein, la mayor del país, a la espera de juicio.
Los cargos que inicialmente se presentaron en su contra fueron los de asociación ilegal, vulneración de la ley migratoria e incitación a la disidencia, a raíz de una serie de artículos publicados en el digital Myanmar Now, que la junta militar considera ilegal. No obstante, según informó su abogado, Than Zaw Aung, para cuando dichas piezas vieron la luz, Fenster ya no trabajaba en ese medio: “Alegó que había dejado de trabajar para Myanmar Now en julio de 2020 y, para demostrarlo, presentó la declaración de impuestos y de la seguridad social”.
Tras conocer la sentencia, Thomas Kean, el redactor jefe de Frontier Myanmar, ha expresado que “no hay ninguna base para condenar a Danny con estos cargos”. Desde la revista se han declarado “profundamente decepcionados” por el fallo e insisten en que el veredicto se ha emitido “tras un juicio a puerta cerrada en el que se ha hecho caso omiso de todas las pruebas significativas presentadas sobre su trabajo en Frontier”. “Todos en la redacción estamos disconformes y frustrados con esta decisión. Queremos ver a Danny en libertad lo antes posible, para que pueda volver a casa con su familia”, ha expresado Kean.
De acuerdo con su abogado, el pasado miércoles, sin recibir ningún tipo de explicación por parte de las autoridades, se acusó a Fenster, además, de sedición y terrorismo, cargos que, según el Código Penal y el Acta de Terrorismo, pueden acarrear una condena de hasta 20 años de prisión. De ser declarado culpable en ese nuevo juicio, que se iniciará el próximo 16 de noviembre, el reportero podría ser encarcelado de por vida.
Myanmar lleva sumida en el caos y la inestabilidad desde el golpe de Estado del 1 de febrero. Según datos de Naciones Unidas, más de 1.200 civiles han sido asesinados durante las protestas en contra de la junta castrense, que llevan diez meses torpedeando los esfuerzos de los militares por consolidarse en el poder. Los medios de comunicación han sufrido las consecuencias de la fuerte represión: se han revocado muchas licencias, se han impuesto restricciones en Internet y en la televisión por satélite y decenas de periodistas están detenidos. Activistas por la defensa de los derechos humanos lo han denominado “un asalto a la verdad”. A pesar de que a mediados de octubre las autoridades anunciaron la liberación de más de 5.600 manifestantes encarcelados, entre ellos, varios periodistas, el caso de Fenster quedó completamente dejado de lado.
El subdirector de la organización no gubernamental Human Rights Watch para Asia, Phil Robertson, ha condenado en un comunicado oficial que el caso de Fenster “ha sido juzgado en un tribunal irregular y arbitrario, que está completamente al servicio de la junta militar de Myanmar”.
Robertson considera que el motivo real de la sentencia es intimidar a los periodistas birmanos que continúan en Myanmar. Es un mensaje dirigido a ellos, que les dice: ‘Si le hacemos esto a un extranjero, imagina lo que podríamos hacerte a ti’. El segundo mensaje es más estratégico, centrado en EE UU. Es una muestra de que los generales del Tatmadaw no quieren recibir sanciones económicas y que pueden ejercer presión a través de la diplomacia de los rehenes”.