A finales de octubre, en un acto organizado por la coalición gobernante en Argentina, el peronismo se dividió las gradas del estadio del club deportivo Morón. Una de las tribunas más importantes estaba reservada para La Cámpora, el movimiento de la juventud kirchnerista. Otra para una agrupación política local, Nuevo Encuentro, y la tercera para los movimientos sociales. Su presencia allí muestra el creciente poder de organizaciones que nacieron y se fortalecieron en las calles, pero hoy forman parte del Gobierno, del Congreso y están también a un paso de entrar en la mayor central obrera del país.
“En la década de los noventa, la desarticulación del mundo industrial dejó un sujeto nuevo, el obrero desocupado. Argentina nunca había tenido la desocupación como un tema relevante, pero hacia el año 2001, cuando estalla la crisis, llegamos al 25%. Esos sectores replicaron la tradición asociativa y de lucha sindical de la fábrica fuera de ella y encontraron en los barrios populares un lugar para organizarse”, explica el politólogo e investigador del Conicet Francisco Longa sobre los orígenes de estos movimientos.
El auge de estas agrupaciones coincidió con una grave crisis de legitimidad política, condensada en el grito de ‘que se vayan todos’ que se repetía en cada movilización de la época. “A finales de los noventa, la bronca no se canalizaba nunca por la política sino por otras opciones”, señala Daniel Menéndez, referente de Barrios de Pie. El malestar social estalló el 19 y 20 de diciembre de 2001, con protestas multitudinarias en la céntrica Plaza de Mayo y sus alrededores que fueron reprimidas con dureza por las fuerzas policiales, con un saldo de 39 muertos y la posterior renuncia del presidente, Fernando de la Rúa.
Al año siguiente, Eduardo Duhalde, el quinto presidente del país en menos de dos semanas, creó el plan Jefes y jefas de hogar desocupados, un subsidio estatal que alcanzaba a unos dos millones de personas. El objetivo era garantizar la paz social con el alivio temporal de la situación económica de las familias más necesitadas, a la espera de que se reactivase la demanda laboral. “Eso no pasó y a pesar del crecimiento se consolidó un universo de personas que quedaron en los márgenes del mercado laboral formal, lo que en Argentina llamamos economía popular”, agrega Menéndez. La cifra supera hoy los siete millones de personas, según el dirigente social.
Desde entonces, el Estado ha multiplicado y diversificado los subsidios a la par que crecía la pobreza, que está por encima del 40%. Entre ellos están los planes Potenciar trabajo, un aporte estatal de casi 15.000 pesos (142 dólares al cambio oficial) entregado a cerca de un millón de personas que trabajan en cooperativas de reciclado, tareas de cuidado, producción de alimentos e industria textil. La mayoría de esas cooperativas están vinculadas a los movimientos sociales, lo que les permite acceder a fondos públicos y les da capacidad de movilización en las calles e influencia política.
“Estos movimientos sociales pasaron de ser organizaciones de desocupados a organizaciones todoterreno, que se desenvuelven en la arena sindical casi tradicional, con el ministerio de Trabajo, se mueven en el ámbito legislativo y ni hablar en las escalas locales; generan sus propios candidatos, referentes que salen en los medios y tienen llegada al electorado”, describe Longa, autor del libro Historia del movimiento Evita. “La evolución es muy notable, como se ve en la formación de un sindicato propio”, añade
