DW – Una enmienda legal aprobada este martes (06.09.2022) por la Asamblea Legislativa de El Salvador deja sin la posibilidad de recibir el indulto a las personas condenadas por delitos de corrupción y crímenes de guerra, entre otros.
Con 77 votos de 84 congresistas que forman este órgano del Estado, dominado por el oficialismo, se reformó la Ley Especial de Ocursos de Gracia, «con el propósito de excluir de los procesos de indulto a las personas condenadas por corrupción, organizaciones terroristas, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, entre otros», informó el Congreso.
#Plenaria71✍? Con 77 votos a favor, reformamos la Ley Especial de Ocursos de Gracia, con el propósito de excluir de los procesos de indulto a las personas condenadas por corrupción, organizaciones terroristas, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, entre otros. pic.twitter.com/AAKKxH1BUM
— Asamblea Legislativa ?? (@AsambleaSV) September 6, 2022
«Se debe establecer el catálogo de delitos de los que no se pueda requerir esta gracia por quienes los hayan cometido, con el objeto de evitar su utilización para proteger o liberar personas que hayan cometido conductas delictivas aberrantes», señalaron las bancadas legislativas en el decreto aprobado. Tampoco tendrán derecho al indulto las personas condenadas por homicidio, feminicidio, Trata de personas, abuso o violación sexual, lavado de dinero y tráfico de drogas.
Además, estipularon que las solicitudes de indulto que se encuentren en trámite «seguirán su curso normal» conforme a la legislación vigente antes de la reforma.
Entre las razones para modificar la citada ley, los diputados apuntaron que tratados internacionales, resoluciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de la Corte Suprema de Justicia señalan que «las amnistías o figuras análogas, como es el indulto, han sido obstáculos» para juzgar «graves violaciones a derechos humanos». También, son contrarias a «la obligación que tiene el Estado de brindar protección y garantía efectiva a las víctimas», por lo que los crímenes de lesa humanidad «no pueden gozar de amnistías, indultos o beneficiarse de causales de responsabilidad penal».
En noviembre de 2021, el Congreso salvadoreño le negó el indulto al coronel retirado Guillermo Benavides, condenado a 30 años de prisión por la masacre de seis padres jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos mujeres en 1989.
